En el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 18 de julio de 2026 se publicó el acuerdo administrativo entre España y el Reino Unido con respecto a Gibraltar, formalizado en Madrid el 25 de junio de 2026. Este instrumento se diseñó para aplicar el nuevo marco pactado sobre el Peñón en materia de movilidad de determinadas categorías de personas y mercancías.

El texto se inserta en el contexto del Acuerdo respecto a Gibraltar publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el 14 de julio de 2026 y de sus protocolos correspondientes, entre los que destaca el relativo a la coordinación de la Seguridad Social. Dicho protocolo prevé que las autoridades directamente implicadas concreten, mediante un acuerdo administrativo, los medios y procedimientos de cooperación sectorial.

La norma articula un marco operativo bilateral para facilitar la ejecución y aplicación de las disposiciones del Acuerdo respecto a Gibraltar sobre la movilidad de personas y mercancías. Todo ello se establece dejando expresamente a salvo las respectivas posiciones jurídicas de España y del Reino Unido en relación con la soberanía y la jurisdicción sobre el territorio. Entre sus ejes fundamentales figuran la creación de un grupo de trabajo bilateral, la designación de oficiales de enlace y el establecimiento de reglas específicas sobre intercambio de información, control documental, aduanas y tratamiento de información clasificada.

Entrada en vigor y aplicabilidad

El acuerdo administrativo entró en vigor el 25 de junio de 2026, fecha de su firma por el último participante, y será aplicable desde la fecha de entrada en vigor general del Acuerdo respecto a Gibraltar. Asimismo, el Acuerdo UE-Reino Unido comenzó su aplicación provisional el 15 de julio de 2026, mientras se completan los requisitos internos de ratificación por cada una de las partes.

Principales novedades operativas

• Grupo de trabajo bilateral: Se crea un órgano de trabajo copresidido por representantes de España y del Reino Unido que se reunirá al menos cada cuatro meses. Su objetivo es facilitar la ejecución del acuerdo, canalizar discrepancias, formular recomendaciones y, en caso de ser necesario, constituir otros grupos de trabajo especializados.
• Oficiales de enlace: El texto prevé la designación de oficiales de enlace por ambos participantes. Estos profesionales operarán sin funciones ejecutivas y su labor se centrará en agilizar inspecciones fronterizas, movimientos militares, procedimientos aduaneros y la entrada, salida y circulación de personas o material de defensa sin demoras injustificadas. Asimismo, se regula el suministro anticipado de información para la identificación de personas y la verificación de las condiciones aplicables a las mercancías.
• Régimen de personas y mercancías: El acuerdo concreta los procedimientos de presentación y registro de documentos en los pasos fronterizos de Schengen establecidos respecto de Gibraltar. Esto afecta a determinadas categorías de personas vinculadas a las fuerzas del Reino Unido o a visitantes de terceros países. También se introducen definiciones específicas de conceptos como "aeronave estatal" o "buque estatal" a efectos de delimitar con precisión su ámbito de aplicación.
• Conexión con la coordinación de Seguridad Social: Aunque el texto publicado en el BOE se centra prioritariamente en movilidad y mercancías, su relevancia práctica se integra dentro del nuevo sistema global acordado para Gibraltar. El Protocolo relativo a la coordinación de la Seguridad Social del Acuerdo respecto a Gibraltar contempla expresamente que un acuerdo administrativo posterior determine los medios y procedimientos de cooperación en materia de expedición de documentación, intercambio de información, solución de conflictos, así como la presentación y el pago de créditos.

Esta publicación refuerza la arquitectura de cooperación prevista para el régimen específico de Gibraltar y anticipa una aplicación más estructurada de los mecanismos de control y coordinación entre las autoridades españolas y británicas.

En el plano de la Seguridad Social, el nuevo marco resulta especialmente relevante para dotar de seguridad jurídica a las relaciones y coberturas derivadas del protocolo de coordinación. Se responde así a un escenario en el que la situación de Gibraltar ya venía exigiendo soluciones singulares para los trabajadores transfronterizos y la gestión de las prestaciones vinculadas al proceso del Brexit.