El reciente acuerdo del G7 ha desactivado una amenaza inminente para las empresas españolas, pero ha inaugurado una nueva era de nacionalismo tributario que quiebra el consenso global.

3 JUL. 2025 Expansión

El reciente acuerdo alcanzado este fin de semana por el G7 para evitar un choque frontal entre el sistema fiscal de Estados Unidos y las nuevas reglas globales de tributación mínima de la OCDE, si bien falta conocer sus pormenores técnicos, ha traído un alivio inmediato a las empresas españolas, pero ha cambiado el paradigma tributario internacional. El consenso multilateral ha quedado fracturado. Ha nacido la era del nacionalismo tributario, y las compañías españolas se encuentran en el centro de este nuevo y complejo tablero geopolítico.

La tensión alcanzó su punto álgido con las propuestas contenidas en la reforma fiscal estadounidense One Big Beautiful Bill, que incluían la temida Sección 899 del Internal Revenue Code (IRC). Esta medida, de carácter abiertamente retaliativo, amenazaba con imponer incrementos progresivos de hasta 20 puntos porcentuales (reducido al 15 en su versión enmendada por el Senado) en los tipos de gravamen aplicables a personas físicas y entidades controladas por residentes de jurisdicciones que aplicaran impuestos considerados "injustos", incluyendo tanto las reglas de beneficios infragravados (UTPR) del Pilar II como los Impuestos sobre Servicios Digitales (conocida como tasa Google).

Gran preocupación

Para las multinacionales españolas y, sobre todo, para el Ibex 35, con una creciente exposición al mercado estadounidense, la amenaza era existencial. La perspectiva de enfrentarse a incrementos tributarios de hasta el 50% en sus operaciones y flujos financieros estadounidenses generó una alarma sin precedentes, obligando a la creación de grupos de trabajo especializados entre las grandes corporaciones y la Dirección General de Tributos para analizar el impacto y preparar estrategias defensivas.

El acuerdo del G7 materializado hace apenas 72 horas ha generado un cierto alivio, aunque matizado. Estados Unidos se comprometió a eliminar definitivamente la Sección 899 del IRC de su proyecto legislativo a cambio de que las demás potencias aceptasen que su régimen de tributación mínima corporativa (GILTI - Global Intangible Low-Taxed Income) opere mediante un sistema de "coexistencia lateral" con el impuesto mínimo global del Pilar II. Esta configuración excluye a las multinacionales estadounidenses de la aplicación de las reglas IIR (Income Inclusion Rule) y UTPR, manteniendo únicamente su sujeción al sistema doméstico americano.

Aunque este consenso evita la represalia directa, evidencia que Washington prioriza sus intereses fiscales y dicta las reglas del tablero internacional. Para las empresas españolas, la cautela permanece máxima, pues el trasfondo estructural de la disputa fiscal transatlántica se mantiene intacto, y el acuerdo no aborda otros impuestos considerados "discriminatorios".

Ishtar Sancho, socia responsable Fiscal de A&O Shearman, considera que este episodio marca un antes y un después en la arquitectura de la fiscalidad global y lanza una advertencia inequívoca a Europa. "Estamos presenciando la emergencia de un nuevo marco de cooperación fiscal internacional donde las reglas del juego se están rediseñando desde sus fundamentos. El antiguo modelo multilateral, caracterizado por la búsqueda de armonización sistemática entre diferentes regímenes tributarios nacionales, ha caído en desuso. Ahora, las grandes potencias, con Estados Unidos y China a la cabeza, priorizan políticas marcadamente aislacionistas para proteger sus bases imponibles y sus intereses económicos estratégicos. Este paradigma debe constituir un revulsivo para Europa. Tenemos que despertar y actuar con agilidad institucional, porque el mundo se mueve vertiginosamente y, en materia tributaria, la velocidad de los cambios normativos se ha acelerado exponencialmente", señala.

Cambio de paradigma

La preocupación de las compañías españolas, lejos de evaporarse, se ha metamorfoseado. El foco ya no reside en una única amenaza legislativa específica, sino en la navegación por un entorno caracterizado por la volatilidad normativa, donde las alianzas son frágiles y las represalias pueden materializarse por vías alternativas. Juan José Sánchez, asociado senior del departamento fiscal de A&O Shearman, explica cómo, pese al acuerdo alcanzado, el riesgo sistémico persiste y la confianza en el multilateralismo fiscal se ha erosionado irreversiblemente.

"El consenso que sustentaba el Pilar I y el Pilar II de la OCDE está definitivamente fracturado", subraya Sánchez. "El contexto geopolítico internacional ha experimentado una transformación radical. Se está fomentando activamente un unilateralismo tributario que, aunque el acuerdo del G7 ha contribuido a desinflar la presión inmediata, deja abiertos múltiples flancos para futuras confrontaciones. Los Impuestos sobre Servicios Digitales, por ejemplo, han quedado expresamente excluidos del pacto, por lo que podrían emerger represalias comerciales por vías alternativas, particularmente mediante la aplicación de aranceles punitivos bajo la Sección 301 del Trade Act estadounidense. Las empresas españolas experimentaron una preocupación genuina y fundada, y aunque la eliminación de la Sección 899 del IRC constituye una noticia favorable, la incertidumbre sobre las estrategias óptimas para proteger sus inversiones estadounidenses permanece en niveles elevados", afirma el especialista.

Reconfiguración estratégica empresarial

Este nuevo paradigma fiscal obliga a las empresas a replantear integralmente sus estrategias de inversión, financiación y estructuración corporativa. El asesoramiento fiscal ha trascendido el análisis técnico tradicional para convertirse en una disciplina híbrida de gestión de riesgos geopolíticos. Los contratos de financiación internacional, las estructuras de inversión transfronteriza y los modelos de negocio multinacionales deben ser ahora significativamente más flexibles y resilientes, con capacidad de adaptación a cambios normativos abruptos que responden más a consideraciones de diplomacia de la fuerza que a la lógica económica.

Las empresas españolas están desarrollando nuevos protocolos de test de estrés fiscal, incorporando escenarios de escalada de medidas unilaterales y evaluando la viabilidad de estructuras corporativas alternativas que minimicen la exposición a jurisdicciones con riesgo de confrontación tributaria. Esta reconfiguración estratégica incluye la diversificación geográfica de inversiones, la implementación de mecanismos de cobertura contractual y el fortalecimiento de capacidades de inteligencia normativa.

Mientras Estados Unidos demuestra su capacidad para moldear el tablero fiscal global conforme a sus intereses, Europa se enfrenta al desafío estructural de su propia complejidad institucional y lentitud burocrática. La necesidad de coordinar a 27 Estados miembros para responder eficazmente a estas amenazas asimétricas la sitúa en una clara desventaja competitiva temporal. La implementación del acuerdo del G7 en el marco normativo europeo requerirá, potencialmente, modificaciones en la Directiva del Pilar II (Council Directive (EU) 2022/2523), lo que exige unanimidad y puede generar dilaciones procedimentales significativas. Para las empresas españolas, particularmente aquellas con operaciones significativas en ambos lados del Atlántico, la conclusión es clara: la era de la predictibilidad fiscal ha terminado. Navegar con éxito en este nuevo orden mundial requerirá una combinación sofisticada de estrategia proactiva, agilidad operativa y capacidad de anticipación geopolítica sin precedentes en la historia empresarial reciente.