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Dos nuevos conceptos laborales tras el RD-ley 39/2026: Transición a otro empleo y empleo paralelo
Analizamos dos nuevos conceptos laborales relacionados con la Directiva (UE) 2019/1152. Diferencias, límites y efectos prácticos de la transición a otra forma de empleo y el empleo en paralelo.
Así cambia el periodo de prueba con el Real Decreto-ley 39/2026
Nuevos límites del periodo de prueba, reglas para contratos temporales y condiciones exigidas al convenio colectivo desde el 19 de noviembre de 2026.
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Así cambia el periodo de prueba con el Real Decreto-ley 39/2026

19/11/2026: Así cambia el periodo de prueba con el Real Decreto-ley 39/2026

El artículo primero, apartado seis, del Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre, modifica el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores para reforzar la previsibilidad del periodo de prueba. La reforma convierte los límites legales de duración en máximos de aplicación general y restringe la posibilidad de que los convenios colectivos establezcan periodos superiores.

También introduce una regla específica para todos los contratos de duración determinada: el periodo de prueba no podrá superar un mes cuando el contrato tenga una duración igual o superior a seis meses y deberá reducirse proporcionalmente cuando su duración sea inferior.

La norma se publica el 18 de noviembre de 2026 y, conforme a su disposición final séptima, entra en vigor el 19 de noviembre de 2026.

De máximos supletorios a límites legales generales

El régimen anterior daba prioridad al convenio colectivo

Hasta la entrada en vigor de la reforma, el artículo 14.1 del Estatuto de los Trabajadores permitía concertar por escrito un periodo de prueba con sujeción a los límites establecidos en el convenio colectivo. Solo «en defecto de pacto en convenio» operaban los máximos legales de seis meses para el personal técnico titulado, dos meses para las demás personas trabajadoras y tres meses para el personal no técnico titulado en empresas de menos de veinticinco personas trabajadoras.

La norma legal desempeñaba, por tanto, una función supletoria. El convenio colectivo ocupaba la posición principal en la determinación de la duración máxima, sin perjuicio de los límites derivados de la finalidad y razonabilidad del periodo de prueba.

Los máximos legales pasan a aplicarse «en todo caso»

La nueva redacción mantiene la remisión a los convenios colectivos, pero establece que, en todo caso, la duración del periodo de prueba no podrá superar los límites fijados en los apartados siguientes, salvo que el propio convenio justifique una duración superior por alguna de las causas expresamente previstas.

Los límites máximos generales son:

Supuesto

Duración máxima

Personal técnico titulado

Seis meses

Resto de personas trabajadoras

Dos meses

Personal no técnico titulado en empresas de menos de veinticinco personas trabajadoras

Tres meses

Estos periodos constituyen duraciones máximas, no obligatorias. Las partes pueden pactar un periodo inferior o no establecerlo, puesto que su concertación continúa siendo facultativa.

El convenio solo podrá ampliar la duración con una justificación expresa

La reforma no elimina completamente la intervención de la negociación colectiva. No obstante, condiciona la posibilidad de superar los máximos legales a que el propio convenio colectivo justifique la ampliación por alguna de estas razones:

  • La naturaleza del empleo.
  • El interés de la persona trabajadora.
  • La necesidad de evaluar su idoneidad en caso de suspensión de la relación laboral.

La diferencia es relevante: ya no basta con que el convenio se limite a fijar un periodo superior. Su texto deberá incorporar una justificación vinculada a una de las causas legales. La reforma persigue así que la ampliación convencional sea excepcional y responda a circunstancias identificables.

A TENER EN CUENTA. La referencia legal a que la duración superior se justifique «en el propio convenio colectivo» impide trasladar esa justificación exclusivamente al contrato individual o a una decisión unilateral de la empresa. La habilitación y su fundamento deben encontrarse en la norma convencional.

Nueva duración para los contratos temporales

Contratos de seis meses o más

En los contratos de duración determinada concertados por un periodo igual o superior a seis meses, el periodo de prueba no podrá exceder de un mes.

La regla sustituye a la regulación anterior, que fijaba ese máximo de un mes para los contratos temporales de duración no superior a seis meses, salvo previsión distinta del convenio colectivo.

Contratos inferiores a seis meses

Cuando la duración del contrato sea inferior a seis meses, el periodo de prueba deberá reducirse en la misma proporción. El legislador establece así una relación directa entre la duración del contrato y la de la prueba, evitando que esta última ocupe una parte desproporcionada de la relación laboral.

La norma no concreta el método para convertir la reducción proporcional en días ni establece reglas específicas de redondeo. Por ello, la empresa deberá utilizar un criterio de cálculo verificable y respetuoso con la finalidad protectora del precepto, sin ampliar por redondeo el máximo resultante.

Con carácter meramente ilustrativo, si se toma como referencia el máximo de un mes aplicable a un contrato de seis meses, un contrato de tres meses determinaría una reducción a la mitad. La duración concreta deberá quedar expresamente documentada y ajustarse también al convenio y a las reglas especiales de la modalidad contractual.

Las especialidades de los contratos formativos continúan aplicándose

La nueva redacción del artículo 14 no desplaza las reglas especiales previstas para los contratos de formación en alternancia y para el contrato formativo para la obtención de práctica profesional. En la formación en alternancia no puede establecerse periodo de prueba, mientras que en el contrato para la obtención de práctica profesional deben observarse sus límites específicos.

El pacto sigue siendo facultativo, escrito y de duración concreta

La reforma mantiene que el periodo de prueba «podrá concertarse por escrito». Por tanto, no nace automáticamente por aparecer regulado en el Estatuto de los Trabajadores o en el convenio colectivo. Es necesario un acuerdo expreso y escrito entre la empresa y la persona trabajadora.

Además, debe determinarse su duración concreta. Una cláusula que se limite a indicar «según convenio» o «conforme al artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores» puede no satisfacer las exigencias de certeza cuando las normas de referencia únicamente establezcan máximos.

JURISPRUDENCIA

STS n.º 1246/2021, de 9 de diciembre, ECLI:ES:TS:2021:4760; STS n.º 270/2023, de 12 de abril, ECLI:ES:TS:2023:1563

El Tribunal Supremo considera insuficiente la remisión contractual genérica al convenio colectivo o al artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores cuando estos solo señalan una duración máxima. La persona trabajadora debe conocer por escrito la duración exacta durante la cual cualquiera de las partes puede desistir de la relación.

Este criterio cobra especial importancia tras la reforma: las empresas deberán distinguir entre el máximo permitido y la duración efectivamente pactada. El contrato debe identificar esta última de forma precisa.

Supuestos en los que el pacto es nulo

Continúa siendo nulo el pacto de prueba cuando la persona trabajadora ya hubiera desempeñado anteriormente las mismas funciones en la empresa, cualquiera que hubiera sido la modalidad de contratación utilizada.

La prohibición atiende a la finalidad del periodo: si la empresa ya conoce la aptitud profesional de la persona para esas mismas funciones, no existe una necesidad legítima de someterla nuevamente a prueba.

También puede carecer de eficacia el pacto que:

  • No conste por escrito.
  • No concrete suficientemente su duración.
  • Supere el máximo legal o convencional aplicable.
  • Se apoye en una ampliación convencional que no contenga la justificación exigida por la nueva redacción.
  • Desconozca una prohibición o limitación especial de la modalidad contractual utilizada.

La invalidez del pacto impide que la empresa extinga válidamente la relación alegando la no superación de la prueba. En tal caso, la decisión deberá examinarse conforme a las reglas aplicables a la extinción contractual o al despido.

Derechos y extinción durante el periodo de prueba

Durante la prueba, la persona trabajadora conserva los derechos y obligaciones correspondientes al puesto como si formara parte de la plantilla. La especialidad reside en que cualquiera de las partes puede resolver la relación durante su transcurso.

Esta facultad extintiva no permite decisiones discriminatorias ni vulneradoras de derechos fundamentales. La nueva redacción mantiene expresamente la nulidad de la resolución empresarial de las trabajadoras por razón de embarazo —desde su inicio hasta el comienzo de la suspensión del artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores— o maternidad, salvo que concurran motivos ajenos a esas circunstancias.

Si el periodo finaliza sin desistimiento, el contrato produce plenos efectos y todo el tiempo de prestación de servicios computa a efectos de antigüedad.

La interrupción del cómputo continúa exigiendo acuerdo

La reforma mantiene la posibilidad de interrumpir el cómputo cuando la persona trabajadora se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

  • Incapacidad temporal.
  • Nacimiento.
  • Adopción.
  • Guarda con fines de adopción.
  • Acogimiento.
  • Riesgo durante el embarazo.
  • Riesgo durante la lactancia.
  • Violencia de género.

La interrupción no se produce automáticamente: continúa condicionada a que exista acuerdo entre ambas partes. Resulta conveniente que ese acuerdo conste por escrito y permita determinar con claridad la nueva fecha de finalización.

Entrada en vigor y revisión de contratos y convenios

La nueva redacción entra en vigor el 19 de noviembre de 2026. El Real Decreto-ley 39/2026 no contiene una disposición transitoria específica para los periodos de prueba pactados antes de esa fecha.

Esta ausencia obliga a diferenciar los pactos celebrados desde la entrada en vigor —que deberán ajustarse íntegramente al nuevo artículo 14— de los que ya estuvieran en curso. Respecto de estos últimos, la aplicación temporal de los nuevos máximos puede generar dudas interpretativas que deberán resolverse atendiendo a la fecha de celebración del contrato, al contenido del pacto y a los principios generales de derecho transitorio.

Desde una perspectiva de cumplimiento, las empresas deberán:

  • Actualizar los modelos contractuales utilizados desde el 19 de noviembre de 2026.
  • Comprobar que se consigna la duración exacta del periodo de prueba.
  • Recalcular los máximos en los contratos de duración determinada.
  • Revisar los convenios que establezcan periodos superiores a los legales y verificar que incorporen la justificación exigida.
  • Contrastar las especialidades aplicables a los contratos formativos.
  • Documentar los acuerdos sobre interrupción del cómputo.

CUESTIÓN

¿Puede un convenio colectivo superar desde el 19 de noviembre de 2026 los seis meses previstos para el personal técnico titulado?

Sí, pero ya no resulta suficiente la mera fijación de una duración superior. El propio convenio debe justificar expresamente la ampliación por la naturaleza del empleo, por el interés de la persona trabajadora o por la necesidad de evaluar su idoneidad en caso de suspensión de la relación laboral. Además, el contrato individual deberá pactar por escrito una duración concreta dentro del límite convencional aplicable.

La consecuencia central de la reforma es que los máximos del artículo 14 dejan de ser simples reglas subsidiarias ante el silencio convencional. Desde el 19 de noviembre de 2026 actúan como límites generales, cuya superación por convenio exige una causa expresa, mientras que los contratos temporales quedan sometidos a un periodo máximo de un mes o a su reducción proporcional.

 









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