El artículo
primero, apartado seis, del Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre,
modifica el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores para reforzar
la previsibilidad del periodo de prueba. La reforma convierte los límites legales
de duración en máximos de aplicación general y restringe la posibilidad de que
los convenios colectivos establezcan periodos superiores.
También
introduce una regla específica para todos los contratos de duración
determinada: el periodo de prueba no podrá superar un mes cuando el contrato
tenga una duración igual o superior a seis meses y deberá reducirse
proporcionalmente cuando su duración sea inferior.
La norma se
publica el 18 de noviembre de 2026 y, conforme a su disposición final
séptima, entra en vigor el 19 de noviembre de 2026.
De máximos
supletorios a límites legales generales
El régimen
anterior daba prioridad al convenio colectivo
Hasta la
entrada en vigor de la reforma, el artículo 14.1
del Estatuto de los Trabajadores permitía concertar por escrito
un periodo de prueba con sujeción a los límites establecidos
en el convenio colectivo. Solo «en defecto de pacto en convenio» operaban los
máximos legales de seis meses para el personal técnico titulado, dos meses para
las demás personas trabajadoras y tres meses para el personal no técnico
titulado en empresas de menos de veinticinco personas trabajadoras.
La norma legal
desempeñaba, por tanto, una función supletoria. El convenio colectivo ocupaba
la posición principal en la determinación de la duración máxima, sin perjuicio
de los límites derivados de la finalidad y razonabilidad del periodo de prueba.
Los máximos
legales pasan a aplicarse «en todo caso»
La nueva
redacción mantiene la remisión a los convenios colectivos, pero establece que, en
todo caso, la duración del periodo de prueba no podrá superar los límites
fijados en los apartados siguientes, salvo que el propio convenio justifique
una duración superior por alguna de las causas expresamente previstas.
Los límites
máximos generales son:
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Supuesto
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Duración
máxima
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Personal
técnico titulado
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Seis meses
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Resto de
personas trabajadoras
|
Dos meses
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Personal no
técnico titulado en empresas de menos de veinticinco personas trabajadoras
|
Tres meses
|
Estos periodos
constituyen duraciones máximas, no obligatorias. Las partes pueden
pactar un periodo inferior o no establecerlo, puesto que su concertación
continúa siendo facultativa.
El convenio
solo podrá ampliar la duración con una justificación expresa
La reforma no
elimina completamente la intervención de la negociación colectiva. No obstante,
condiciona la posibilidad de superar los máximos legales a que el propio
convenio colectivo justifique la ampliación por alguna de estas razones:
- La naturaleza del empleo.
- El interés de la persona trabajadora.
- La necesidad de evaluar su idoneidad en caso de
suspensión de la relación laboral.
La diferencia es
relevante: ya no basta con que el convenio se limite a fijar un periodo
superior. Su texto deberá incorporar una justificación vinculada a una de
las causas legales. La reforma persigue así que la ampliación convencional
sea excepcional y responda a circunstancias identificables.
A TENER EN
CUENTA. La referencia legal a que la duración superior se justifique «en el
propio convenio colectivo» impide trasladar esa justificación exclusivamente al
contrato individual o a una decisión unilateral de la empresa. La habilitación
y su fundamento deben encontrarse en la norma convencional.
Nueva
duración para los contratos temporales
Contratos de
seis meses o más
En los contratos
de duración determinada concertados por un periodo igual o superior a seis
meses, el periodo de prueba no podrá exceder de un mes.
La regla
sustituye a la regulación anterior, que fijaba ese máximo de un mes para los
contratos temporales de duración no superior a seis meses, salvo previsión
distinta del convenio colectivo.
Contratos
inferiores a seis meses
Cuando la
duración del contrato sea inferior a seis meses, el periodo de prueba deberá
reducirse en la misma proporción. El legislador establece así una relación
directa entre la duración del contrato y la de la prueba, evitando que esta
última ocupe una parte desproporcionada de la relación laboral.
La norma no
concreta el método para convertir la reducción proporcional en días ni
establece reglas específicas de redondeo. Por ello, la empresa deberá utilizar
un criterio de cálculo verificable y respetuoso con la finalidad protectora del
precepto, sin ampliar por redondeo el máximo resultante.
Con carácter
meramente ilustrativo, si se toma como referencia el máximo de un mes aplicable
a un contrato de seis meses, un contrato de tres meses determinaría una
reducción a la mitad. La duración concreta deberá quedar expresamente
documentada y ajustarse también al convenio y a las reglas especiales de la
modalidad contractual.
Las
especialidades de los contratos formativos continúan aplicándose
La nueva
redacción del artículo 14 no desplaza las reglas especiales previstas para los contratos de formación en alternancia y para el contrato formativo para la obtención de práctica profesional.
En la formación en alternancia no puede establecerse periodo de prueba,
mientras que en el contrato para la obtención de práctica profesional deben
observarse sus límites específicos.
El pacto
sigue siendo facultativo, escrito y de duración concreta
La reforma
mantiene que el periodo de prueba «podrá concertarse por escrito». Por tanto,
no nace automáticamente por aparecer regulado en el Estatuto de los Trabajadores o en el convenio colectivo. Es
necesario un acuerdo expreso y escrito entre la empresa y la persona
trabajadora.
Además, debe
determinarse su duración concreta. Una cláusula que se limite a indicar «según
convenio» o «conforme al artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores» puede no
satisfacer las exigencias de certeza cuando las normas de referencia únicamente
establezcan máximos.
JURISPRUDENCIA
STS n.º
1246/2021, de 9 de diciembre, ECLI:ES:TS:2021:4760; STS n.º 270/2023, de 12 de
abril, ECLI:ES:TS:2023:1563
El Tribunal
Supremo considera insuficiente la remisión contractual genérica al convenio
colectivo o al artículo 14
del Estatuto de los Trabajadores cuando estos solo señalan una
duración máxima. La persona trabajadora debe conocer por escrito la duración
exacta durante la cual cualquiera de las partes puede desistir de la relación.
Este criterio
cobra especial importancia tras la reforma: las empresas deberán distinguir
entre el máximo permitido y la duración efectivamente pactada. El
contrato debe identificar esta última de forma precisa.
Supuestos en los que el pacto es nulo
Continúa siendo
nulo el pacto de prueba cuando la persona trabajadora ya hubiera desempeñado
anteriormente las mismas funciones en la empresa, cualquiera que hubiera sido
la modalidad de contratación utilizada.
La prohibición
atiende a la finalidad del periodo: si la empresa ya conoce la aptitud
profesional de la persona para esas mismas funciones, no existe una necesidad
legítima de someterla nuevamente a prueba.
También puede
carecer de eficacia el pacto que:
- No conste por escrito.
- No concrete suficientemente su duración.
- Supere el máximo legal o convencional aplicable.
- Se apoye en una ampliación convencional que no
contenga la justificación exigida por la nueva redacción.
- Desconozca una prohibición o limitación especial de
la modalidad contractual utilizada.
La invalidez del
pacto impide que la empresa extinga válidamente la relación alegando la no
superación de la prueba. En tal caso, la decisión deberá examinarse conforme a
las reglas aplicables a la extinción contractual o al despido.
Derechos y
extinción durante el periodo de prueba
Durante la
prueba, la persona trabajadora conserva los derechos y obligaciones
correspondientes al puesto como si formara parte de la plantilla. La
especialidad reside en que cualquiera de las partes puede resolver la relación
durante su transcurso.
Esta facultad
extintiva no permite decisiones discriminatorias ni vulneradoras de derechos
fundamentales. La nueva redacción mantiene expresamente la nulidad de la
resolución empresarial de las trabajadoras por razón de embarazo —desde su
inicio hasta el comienzo de la suspensión del artículo 48.4 del Estatuto de los
Trabajadores— o maternidad, salvo que concurran motivos ajenos a esas
circunstancias.
Si el periodo
finaliza sin desistimiento, el contrato produce plenos efectos y todo el tiempo
de prestación de servicios computa a efectos de antigüedad.
La
interrupción del cómputo continúa exigiendo acuerdo
La reforma
mantiene la posibilidad de interrumpir el cómputo cuando la persona trabajadora
se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
- Incapacidad temporal.
- Nacimiento.
- Adopción.
- Guarda con fines de adopción.
- Acogimiento.
- Riesgo durante el embarazo.
- Riesgo durante la lactancia.
- Violencia de género.
La interrupción
no se produce automáticamente: continúa condicionada a que exista acuerdo
entre ambas partes. Resulta conveniente que ese acuerdo conste por escrito
y permita determinar con claridad la nueva fecha de finalización.
Entrada en
vigor y revisión de contratos y convenios
La nueva
redacción entra en vigor el 19 de noviembre de 2026. El Real Decreto-ley
39/2026 no contiene una disposición transitoria específica para los periodos de
prueba pactados antes de esa fecha.
Esta ausencia
obliga a diferenciar los pactos celebrados desde la entrada en vigor —que
deberán ajustarse íntegramente al nuevo artículo 14— de los que ya estuvieran
en curso. Respecto de estos últimos, la aplicación temporal de los nuevos
máximos puede generar dudas interpretativas que deberán resolverse atendiendo a
la fecha de celebración del contrato, al contenido del pacto y a los principios
generales de derecho transitorio.
Desde una
perspectiva de cumplimiento, las empresas deberán:
- Actualizar los modelos contractuales utilizados
desde el 19 de noviembre de 2026.
- Comprobar que se consigna la duración exacta del
periodo de prueba.
- Recalcular los máximos en los contratos de duración
determinada.
- Revisar los convenios que establezcan periodos
superiores a los legales y verificar que incorporen la justificación
exigida.
- Contrastar las especialidades aplicables a los
contratos formativos.
- Documentar los acuerdos sobre interrupción del
cómputo.
CUESTIÓN
¿Puede un
convenio colectivo superar desde el 19 de noviembre de 2026 los seis meses
previstos para el personal técnico titulado?
Sí, pero ya no
resulta suficiente la mera fijación de una duración superior. El propio
convenio debe justificar expresamente la ampliación por la naturaleza del
empleo, por el interés de la persona trabajadora o por la necesidad de evaluar
su idoneidad en caso de suspensión de la relación laboral. Además, el contrato
individual deberá pactar por escrito una duración concreta dentro del límite
convencional aplicable.
La
consecuencia central de la reforma es que los máximos del artículo 14 dejan
de ser simples reglas subsidiarias ante el silencio convencional. Desde el 19
de noviembre de 2026 actúan como límites generales, cuya superación por
convenio exige una causa expresa, mientras que los contratos temporales quedan
sometidos a un periodo máximo de un mes o a su reducción proporcional.