El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 6 de mayo de 2025 el proyecto de ley para reducir la jornada laboral máxima legal a 37,5 horas semanales. Tras este trámite, el proyecto será enviado a las Cortes para su discusión y posible aprobación en el Congreso, donde se anticipa el debate sobre su contenido y las posibles modificaciones. 

A falta de conocer el texto del proyecto, según el comunicado oficial emitido por el gabinete de comunicación del MITES:

• La norma establece una jornada máxima legal de 37,5 horas semanales —frente a las 40 horas actuales— sin merma salarial.  
• La nueva norma pivota sobre un registro de jornada fiable e impedirá que los registros se hagan en papel, deberán ser digitales y, a la vez, interoperables para que Inspección pueda acceder a ellos en cualquier momento y en remoto. 
• Se garantizar de manera más efectiva el derecho a la desconexión, para evitar que pueda exigirse el desarrollo de la prestación fuera de los horarios pactados, respetando el derecho al descanso y a la propia intimidad de las personas trabajadoras.
• Endurecimiento de las sanciones. Se multará con hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada.
• Se refuerza el derecho a la desconexión digital.
• El plazo para la implementación de la jornada reducida culminará a finales de 2025, seis meses desde la entrada en vigor de la ley. Los convenios colectivos que tengan más de 37,5 horas semanales en media anual tendrán hasta el 31 de diciembre para adaptarse a las 37,5 horas.

Rechazo empresarial a la medida y falta de apoyos

CEOE y CEPYME han rechazado en todo momento reducir el tiempo de trabajo semanal a 37,5 horas y el pacto ha sido alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos. En concreto, la patronal ha rechazado incluso ayudas directas de hasta 6.000 euros para pequeñas empresas de sectores como la hostelería y el comercio.

Del mismo modo, la iniciativa se enfrenta a un desafío inmediato: Junts ya ha anunciado su intención de presentar una enmienda a la totalidad en el Congreso, argumento que el partido sostiene al considerar que esta reforma constituye un «ataque frontal» a los autónomos y las pequeñas y medianas empresas (pymes), un sector crucial de la economía catalana. Del mismo modo, el Partido Popular (PP) se ha opuesto frontalmente a la medida, anunciando que se posicionarán en contra del proyecto cuando se discuta en el Congreso. El PP, a través de su portavoz, ha calificado la iniciativa como «una medida que desestabiliza a las empresas», sugiriendo que la reducción de horas podría aumentar la presión financiera en un momento donde muchas empresas están aún recuperándose de los desafíos económicos.