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Caso práctico: ¿Se considera accidente de trabajo in itinere, el accidente de tráfico sufrido por el trabajador ya despedido que vuelve del acto de conciliación que pone fin a la relación laboral?
¿Se considera accidente de trabajo in itinere, el accidente de tráfico sufrido por el trabajador —ya despedido— que vuelve del acto de conciliación que pone fin a la relación laboral?
¿Es posible someter la eficacia o validez de un convenio colectivo a su ratificación por la plantilla mediante referéndum?
La vinculación de la validez del acuerdo negociado a la ratificación de los trabajadores en asamblea se considera jurídicamente válida porque los órganos legitimados para negociar y concluir el convenio tienen plena libertad para establecer, voluntariamente, las condiciones de eficacia del pacto alcanzado. Si los representantes legitimados deciden condicionar la validez del convenio a su ratificación por la asamblea de trabajadores, están ejerciendo una facultad que les otorga la autonomía negocial, sin que exista norma legal que les prohíba establecer tal condicionamiento.
El TS fija doctrina sobre el plazo de retroactividad en la revisión de la prestación de incapacidad temporal por infracotización
Para el TS, es posible retrotraer los efectos económicos al momento de reconocimiento inicial de una prestación, si la revisión se solicita tempestivamente tras conocerse judicialmente la infracotización.



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Economía plantea una ley que agilice la creación de empresas, fomente su crecimiento y palíe su morosidad

Baraja eliminar el requisito de 3.000 euros para constituir una sociedad y permitir que el proceso pueda solventarse telemáticamente, en 10 días y por un solo euro.

Madrid  19 FEB 2021

El Gobierno ha puesto ya en negro sobre blanco las líneas maestras de su nuevo paquete de medidas destinadas a favorecer la creación de compañías y fomentar su crecimiento, como parte del paquete de reactivación y asistencia empresarial que ultima poner en marcha ante el alargamiento de la crisis del Covid-19.

En un documento abierto a consulta pública, hasta el próximo 19 de marzo, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital plantea los problemas que busca resolver y algunas de las principales líneas de actuación que abordará en su nueva Ley de Crecimiento Empresarial.

El documento, avanzado este viernes por El País, plantea eliminar el requisito de aportación de capital mínimo de 3.000 euros para la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada, y a puesta en su lugar por permitir el procedimiento aportando solo un euro de capital funcional.

El texto también plantea la necesidad de permitir que la creación de empresas se efectúe de forma enteramente digital y en un plazo máximo de 10 días, sin necesidad de que el constituye se persone físicamente en ninguna instancia, tal y como ya recoge la directiva europea de digitalización pendiente de trasposición.

Otro de los objetivos del Ejecutivo con esta normativa es reducir las barreras administrativas que soportan las compañías, a las que se insta a comunicar aquellas trabas especialmente pesadas.

También subraya la necesidad de actuar para combatir el incumplimiento generalizado del periodo máximo de pago entre empresas, de 60 días, que afecta especialmente a las pymes, que transigen con la demora de las grandes empresas para mantener su clientela pese a la especial vulnerabilidad que sufren ante las tensiones de liquidez.

En paralelo a esta norma, el Gobierno trabaja en una reforma del sistema concursal que permita anticipar las situaciones de insolvencia para tratar de resolverlas antes de que se consumen, y agiliza los trámites de liquidación cuando sea inevitable.

Finalmente, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, confirmó esta semana que prepara un plan de ayudas directas a empresas de cara al mes de marzo, si bien su tipología está siendo aún negociada con la banca, a la que se ha planteado un sistema de quitas sobre los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).









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