El Gobierno prorroga hasta diciembre las medidas de liquidez a las empresas especialmente afectadas por la subida de los carburantes.

Dentro del Real Decreto Ley de medidas para reducir los efectos económicos de la guerra de Ucrania, el Gobierno también aprobará hoy la prórroga para las ayudas de Seguridad Social a las empresas y los sectores especialmente afectados por el conflicto. Es decir, por las consecuencias económicas de la guerra, como la subida de los carburantes y de todos los costes energéticos. Sobre todo, al transporte urbano y de carretera, la agricultura, la ganadería y el sector pesquero.

En el caso del transporte, el Gobierno se adelanta así al nuevo conflicto que está barruntando el sector de traslado de mercancías por carretera. Ya el pasado mes de marzo los pequeños empresarios autónomos desencadenaron un paro patronal que puso en jaque a toda la actividad económica y al Gobierno. Las causas fueron los costes de los carburantes, que ahora vuelven a subir de forma exponencial y que están anulando las subvenciones del Ejecutivo a las empresas y particulares.

Por lo tanto, la Seguridad Social concederá a estas empresas y sectores aplazamientos especiales hasta diciembre en el pago de las cotizaciones sociales de sus trabajadores, con un recargo del 0,5%. Un recargo siete veces inferior al 3,5% exigido por el sistema de protección en las peticiones de aplazamiento, según las fuentes gubernamentales consultadas por EXPANSIÓN.

Asalariados y autónomos

La medida beneficiará tanto a las empresas con asalariados como a los autónomos, en el abono de las cotizaciones sociales que deben hacer en el segundo semestre del año. Por lo tanto, a falta de conocer la redacción exacta del Real Decreto-Ley, el aplazamiento afectará a todas las cotizaciones sociales que estas empresas del transporte, el campo y el mar deben abonar en el segundo semestre del año, que pueden trasladarse a 2023.

Para entender las medidas del Gobierno con los transportistas hay que recordar que, en marzo, el Gobierno habilitó una partida de 500 millones de euros para subvencionar directamente los carburantes. De hecho, el Ejecutivo autorizará hoy a los transportistas a que repercutan en sus clientes el coste de los carburantes. (Ver página 25).

La razón es que el crecimiento de este coste tampoco hace rentable la pesca y la agricultura. Es decir, que sus márgenes se reducen cada vez más por el crecimiento del coste de los carburantes y de otros productos. Si la electricidad ya está cara, también lo están, por ejemplo, los precios del pienso para el ganado.

Por todas estas razones, el Gobierno ha decidido prorrogar el aplazamiento del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. Hay que recordar que ésta ya fue una de las medidas que el Gobierno tomó para ayudar a las empresas a hacer frente a la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, que estalló en marzo de 2020. Medida que acompañó a la extensión de la protección de las empresas, los autónomos y asalariados con la reforma de los Expedientes de Regulación temporal de Empleo (ERTE). Ahora se han convertido en el Mecanismo RED. El Gobierno va a mantener que las empresas que reciban ayudas públicas no pueden despedir trabajadores por el crecimiento de los costes energéticos. Dicho de otra manera, que las empresas que estén en esta situación van a tener que explicar muy detalladamente por qué reducen plantilla.

También se extendió la protección de los autónomos, a través del cese de actividad, que es el sistema de protección por desempleo que tiene este colectivo.

Además, el Gobierno se propone aprobar nuevas medidas para acoger a los refugiados ucranianos de la guerra. Ya el pasado mes de marzo un crédito extraordinario de 1.200 millones de euros para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El fondo era un adelanto de España a la financiación comunitaria para hacer frente a la emergencia de Ucrania.

Atención al refugiado

El crédito tenía como fin poner en marcha en marcha los Centros de Recepción, Atención y Derivación de los refugiados, así como el refuerzo de plazas del sistema de acogida y el resto de los importes necesarios para la atención de las personas procedentes de Ucrania.

Esta medida busca garantizar un recibimiento digno al flujo de desplazados ucranianos, como también a la ampliación de los derechos comunitarios a la protección temporal a todas las personas afectadas por el conflicto y la puesta en marcha de un procedimiento simplificado para la obtención de dicha protección temporal en 24 horas.