24
JUN 2022 Fuente: CincoDias
La Comisión para
la Transición Ecológica del Congreso no se reunirá el próximo martes, como se
preveía, para aprobar el dictamen del proyecto de Ley para la creación del
Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, por el que gasistas y
petroleras también tendrán que contribuir a los costes del sistema eléctrico,
como los asociados a las renovables.
La ponencia
parlamentaria encargada del proyecto terminó sus trabajos el pasado martes y la
previsión era aprobar su dictamen y el del proyecto para recortar la sobre
retribución de las centrales no emisoras de CO2 (nucleares, hidráulicas y
eólicas anteriores a 2003) en una comisión a celebrar el 28 de junio para ya
pasar al Senado.
Fuentes
parlamentarias han indicado este viernes que, al final, no habrá comisión el
martes, y han señalado que ello se debe a que el Gobierno alega que algunas de las
medidas sobre electricidad que se aprobarán mañana en el real decreto-ley de
medidas contra los efectos de la guerra de Ucrania podrían afectar a lo
recogido en estos proyectos de ley.
Por su parte, el
grupo popular, en un comunicado, ha celebrado que el Gobierno rectifique y
paralice la tramitación parlamentaria del Fondo Nacional para la Sostenibilidad
del Sistema Eléctrico (FNSSE), ya que iba a incrementar el precio de los
carburantes y el gas, introduciendo un nuevo lastre a la competitividad de las
empresas.
Recuerdan
que, por eso, el PP había solicitado en varias ocasiones al Gobierno que no
aplicara ni tramitara esa ley, que ahora se paraliza.
Según el PP, la
presidencia de la Comisión de Transición Ecológica, que ocupa el diputado del
grupo Unidas Podemos, Juan Antonio López de Uralde, ha argumentado que no se
aprobará el martes porque varios artículos del proyecto de ley del FNSSE
colisionarían con el real decreto-ley que el Ejecutivo tiene previsto aprobar
mañana.
En diciembre de
2020, el Gobierno acordó iniciar la tramitación de un anteproyecto ley para
crear el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE)
con el fin de sacar de los costes fijos de la factura de la luz la financiación
a las renovables, lo que dijo que abarataría el recibo al consumidor al menos
un 13 % en cinco años.
El Fondo
introduce un nuevo sistema de financiación de los costes regulados y saca
de la factura de la luz los asociados al régimen retributivo de las renovables,
cogeneración y energía producida con residuos, que suponen unos 7.000 millones
de euros al año de los alrededor de 17.000 millones a que ascienden todos los
costes regulados de la electricidad.
Los sujetos
obligados a financiar el Fondo serán los comercializadores de todos los
sistemas energéticos, que contribuirán al mismo trimestralmente en función de
sus ventas.
Ello incluye a
comercializadoras de luz, gas y de productos petrolíferos, pero también a
aquellos consumidores que compran sus suministros directamente en el mercado y
no a través de comercializadoras.
Para algunos
sectores, se contemplan exenciones y bonificaciones, de forma que estarán
exentos de aportar al Fondo el consumo eléctrico para almacenamiento, el
gasóleo agrícola, el gas natural para cogeneración y generación eléctrica, el
queroseno para aviación, el gasóleo para navegación y pesca (excepto
embarcaciones de recreo) y el porcentaje de mezclas bios en combustibles y de
gases renovables en el gas natural.
Las
bonificaciones serán para el gasóleo de usos profesionales y para la
industria electro intensiva y consumidora de gas natural.
Las aportaciones
se harán mediante pagos trimestrales proporcionales a las ventas de energía de
los comercializadores.
El temor es que
las comercializadoras trasladen a los consumidores la aportación que tienen que
hacer al Fondo, algo que cuando se presentó el anteproyecto el Gobierno
descartó porque repercutiría en su cuota de mercado.
La previsión es
que el Fondo sustituya en cinco años los cargos fijos del sistema eléctrico
destinados a financiar el régimen de las renovables, incluidos actualmente en
los peajes de acceso de la factura.
La futura
creación de este fondo ha sido aplaudida por las compañías eléctricas, pero
fuertemente criticada por las empresas de gas y de productos petrolíferos, y
cuando se presentó el anteproyecto, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon
Imaz, llegó a decir que el FNSSE estaba pensado para pagar "las fiestas
pasadas del sector eléctrico".
La
reactivación de la tramitación parlamentaria del FNSSE ha reavivado ahora las
críticas, entre ellas las de la gran industria, que a través de la Alianza
por la Competitividad de la Industria Española -en la que están las patronales
automovilística, química, siderúrgica, del papel, de bebidas y la asociación de
operadores petrolíferos- ha cifrado el coste del Fondo para la industria en
2.500 millones entre 2022 y 2026.